Diputado Berger calificó de “avance” otorgar valor legal a trámites laborales vía electrónica

70 mil finiquitos por vía digital se han tramitado en la Dirección del Trabajo desde octubre de 2020. En tanto y sólo en lo que va corrido de este año, 200 mil cartas de renuncia se hicieron llegar por la misma vía.

Que los medios digitales tengan el mismo valor que las transacciones presenciales por escrito en materia de relaciones laborales, es un avance que Chile necesita afianzar y que quedó en evidencia con la pandemia por Covid-19, aseveró el diputado de ChileVamos, Bernardo Berger.

Ello, en el contexto de la discusión del proyecto de ley del Ejecutivo que adecúa el Código del Trabajo en materia de documentos electrónicos laborales, y que la Cámara Baja aprobó en su tercer trámite, dejándolo en condiciones para convertirse en ley.

“Por efecto de la pandemia, se han acelerado los procesos de digitalización a fin de facilitar las medidas de distanciamiento. Desde octubre de 2020 a la fecha se han cursado 70 mil finiquitos por vía digital, y 200 mil cartas de renuncia electrónica se han presentado en lo que va del 2021. Esto habla que la tendencia se transformó en realidad concreta, y que amerita transformaciones regulatorias para que estos medios digitales tengan el mismo valor legal que las transacciones presenciales por escrito de los trabajadores”, explicó Berger.

A juicio de Berger, avanzar en esta materia aporta la desburocratización del sistema público en materia laboral, y más directamente reducirá tiempos y costos.

El legislador destacó que el proyecto se hace cargo “de la realidad asimétrica que se da entre trabajadores y empleador y que éste sea el motivo para que se mantengan los comparendos presenciales de conciliación ante la Dirección del Trabajo tal como ha sido a la fecha, para evitar cualquier tipo de abuso”.

Resaltó además como positivo que se le otorgue el sustento legal correspondiente a la Tesorería General de la República para recibir los dineros de los trabajadores, cosa que hasta ahora se venía haciendo de manera administrativa desde 2019.