El seremi de Energía de Los Ríos, Leonardo Faúndez, anunció que 136 pacientes electrodependientes de la región serán beneficiados con la entrada en vigencia de Ley Lucas Riquelme, luego de la publicación en el Diario Oficial.
Según explicó la autoridad, la Ley Lucas Riquelme, aprobada por el parlamento, incorpora el domicilio de los pacientes electrodependientes dentro del listado cuyo suministro “no puede suspenderse en caso de que los servicios se encuentren impagos”.
Además, la ley establece una serie de obligaciones a las empresas concesionarias, cumplimientos que serán fiscalizados por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC), detalló.
Actualmente, en la región hay 136 pacientes electrodependientes con registro vigente que será beneficiadas, 121 corresponden a Saesa, 11 a Socoepa, tres Cooprel y uno a Luz Osorno.
En esa línea, el seremi sostuvo que, “el Gobierno del presidente Gabriel Boric tiene como una de sus prioridades en materia energética enfrentar la vulnerabilidad".
Agregó que "en ese marco la aprobación de esta ley y la publicación del reglamento que habilita su aplicación permitirá que las cerca de 22.000 familias a nivel nacional que dependen de la electricidad para resguardar las vidas de sus seres queridos, tengan la certeza de que contarán con este suministro de forma ininterrumpida”.
La ley y el reglamento permitirán que se regule el suministro de electricidad para personas electrodependientes, contemplando entre otras medidas la prohibición de corte de suministro
por no pago y la obligación de las concesionarias de llevar un registro de personas electrodependientes.
Junto con ello, se incluye priorizar el restablecimiento del servicio en caso de corte, notificando previamente las interrupciones programadas.
También se considera la obligación de descontar de las cuentas de luz, el consumo específico del dispositivo de uso médico al cual el paciente está conectado por medio del mecanismo de medición correspondiente.
De acuerdo a la ley, son personas electrodependientes aquellas personas que para el tratamiento de la patología que padecen, se encuentran en condición de hospitalización domiciliaria y necesitan permanecer conectadas físicamente, de forma continua o transitoria a un dispositivo de uso médico que requiera suministro eléctrico para su funcionamiento.
Lo anterior, para compensar la pérdida de una función fundamental del cuerpo y sin la cual estarían en riesgo vital o de secuela funcional severa grave.
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